Ley de voluntariado

Carolina Freire y Carlos Ernesto González
Junta Directiva, Fundación Voluntarios de Panamá
Este año se conmemoran diez años desde la promulgación de la Ley No. 29 de octubre de 2014, que regula el voluntariado en Panamá, una legislación clave para el desarrollo del compromiso social y la solidaridad en el país. A través de esta ley, se establece el 5 de diciembre como el Día Nacional del Voluntario, una fecha que invita a reflexionar sobre el impacto positivo de los voluntarios en las comunidades y en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. La ley constituyó un logro para las organizaciones que trabajan con voluntarios, liderados por iniciativa de la Asociación Internacional de Esfuerzo Voluntario (IAVE).
La Ley No. 29 no solo establece los deberes y derechos de los voluntarios, sino que también crea el Consejo Nacional de Voluntariado, un organismo encargado de coordinar las actividades relacionadas con el voluntariado a nivel nacional. El consejo tiene la misión de promover y organizar las iniciativas voluntarias, fomentando la participación ciudadana en diversas áreas como la educación, la salud, el medio ambiente y la atención a personas vulnerables.
A pesar de los avances que ha traído consigo esta ley, existen aún retos importantes para su implementación efectiva. Uno de los desafíos más destacados es la ausencia de una política nacional de voluntariado que articule de manera clara y coordinada las acciones de los actores del sector público, privado y las organizaciones no gubernamentales para la promoción del voluntariado. La colaboración entre estos sectores es esencial para asegurar que el voluntariado se convierta en un motor real de cambio social.
Otro obstáculo es la ausencia de una medición regular y oficial de la tasa de participación voluntaria en el país, lo que dificulta conocer el alcance de la participación ciudadana en actividades voluntarias. Tener datos confiables y actualizados es fundamental para evaluar el impacto del voluntariado y diseñar políticas públicas en este ámbito. Según Naciones Unidas, la medición del voluntariado es importante para que los voluntarios comprendan cómo influye su trabajo; para que las ONG puedan gestionar sus recursos de manera eficiente; y para que los gobiernos, encargados de formular políticas, puedan tener una base para la planificación y las inversiones en relación con el voluntariado. Las buenas prácticas internacionales establecen que las encuestas oficiales de hogares son el mejor instrumento para recopilar estadísticas sobre la escala y el alcance del trabajo voluntario, ya que utilizan muestras de gran tamaño y son recurrentes.
En conclusión, la Ley No. 29 ha sido un paso fundamental para institucionalizar el voluntariado en Panamá, pero aún quedan retos para fortalecer su implementación y medir su impacto. Un compromiso continuo de los sectores involucrados será clave para que el voluntariado siga siendo una herramienta de transformación social en el país.